De acuerdo a lo informado desde el Ministerio Público, el imputado fue identificado gracias a la información anónima que fue enviada a la casilla electrónica que la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía del Bío Bío creó, para que la comunidad colaborara con antecedentes respecto de quienes participaron en la sustracción de especies desde locales comerciales en el contexto del estallido social de estos días.
El fiscal Felipe Calabrano, de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía del Bío Bío, explicó que llegó información al correo electrónico: denuncia.saqueos@gmail.com, que daba cuenta que en un domicilio de Coronel existían especies provenientes de dicho práctica delictual.
La Fiscalía encargó diligencias a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de la citada comuna y la vivienda del imputado se encontraron especies como una pérgola, horno, parlantes, aspiradora, compresor, freidoras, hidrolavadoras, mascarillas de soldar, máquina soldadora y calefont.
El imputado fue formalizado por el delito de receptación y tenía condenas previas por delitos contra la propiedad. El tribunal otorgó tres meses de plazo para terminar la investigación.
Al respecto, el fiscal Calabrano reiteró el llamado a la comunidad para continuar colaborando con antecedentes, imágenes o videos de los saqueos, y enviarlos a la casilla antes mencionada.
Segunda prisión
En otro hecho, la Corte de Concepción rechazó ayer el recurso de apelación presentado por la defensa en contra de la resolución que decreta prisión preventiva de un imputado como autor de los delitos de porte de arma de fuego y porte de municiones.
Los ilícitos fueron perpetrados durante el toque de queda del lunes en la avenida Juan Bosco de la comuna penquista.
En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución dictada el martes 22 de octubre, por el Juzgado de Garantía de Concepción, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la gravedad de las penas asignadas a los delitos.
"Que es un hecho público y notorio que el país se encuentra en Estado de Emergencia Constitucional, como asimismo es público y notorio que producto de lo anterior existe un particular estado de efervescencia social, con daños a la propiedad pública y privada, y en estas condiciones se comparte el razonamiento del tribunal a quo, en cuanto a que la actividad desplegada por el imputado se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que se satisface con la medida cautelar de prisión preventiva y es coherente además con los hechos contenidos en la formalización", consigna el fallo.
Por tanto, concluyó que "se confirma la resolución apelada de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción, que decretó la prisión preventiva del imputado".